| OBSERVATORIO | Artículo 218 Bis (Ley Chaleco) ¿seguridad o recaudación?

Que un gran debate estaría generándose en torno a la adición del Artículo 218 Bis (denominada Ley Chaleco) a la Ley de Movilidad de Quintana Roo.

Por un lado, la XVII Legislatura del Congreso del estado, instancia que aprobó esa adición -entre otras reformas y derogaciones a la Ley de Movilidad-, defiende la iniciativa presentada por Morena, bajo el argumento que 80% de los delitos en Quintana Roo se realizan usando motocicletas.

Sin embargo, dicen los que saben, no habría sido exhibido estudio alguno que sustentara ese porcentaje dentro de la propuesta morenista.

Por otro lado, colectivos de motociclistas -la mayoría de ellos bikers– acusan que la medida trasgredirá sus derechos y que existirían otras prioridades antes que portar un chaleco reflejante.

Lo cierto es que la “dotación” de chalecos reflejantes correrá a cargo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y, aún estaría bajo análisis el precio que tendría para el usuario.

Pues, en principio el Imoveqroo contempló entregar gratuitamente esos chalecos, sin embargo, el costo rondaría los 44 millones de pesos que no estarían presupuestados por ningún lado.

Pero además, como ha sucedido al menos en seis ocasiones en que el Parlamento de mayoría Morena, Verde y PT modificó la Ley de Movilidad, para este planteamiento el Imoveqroo no presentó un Plan de Movilidad Sostenible y Segura con cinco etapas básicas: diagnóstico; formulación; adopción; ejecución y seguimiento, y evaluación.

Y, todo podría recaer en un asunto meramente recaudatorio como ocurrió con las licencias para conducir.

Por lo pronto, los jaloneos ya comenzaron con protestas acompañadas de bloqueos y sería bueno, pero muy bueno, que alguno de los 21 diputados locales que aprobaron la adición del Artículo 218 Bis o “Ley Chaleco” explique coloquial pero de forma detallada, los alcances reales de esta iniciativa.

Sobre todo lo relacionado con que es un asunto de seguridad pública.

Porque si no, será otra sumisión de la XVII Legislatura al Imoveqroo, en la que los congresistas demostrarían que solo levantan la mano por indicación y no por convicción ni mucho menos conocimiento de causa.

Y, exhibiría, que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como la Fiscalía General del Estado (FGE) no estarían realizando su trabajo y, además, que las decenas de cámaras de videovigilancia instaladas no cumplirían su objetivo.

Lo demás, serían pretextos.

Al tiempo.