
Que gran indignación habría generado el asesinato de un menor de 12 años por una bala perdida en playas de Cancún.
Un niño inocente, que murió como daño colateral de la imparable ola de violencia que afecta a Cancún, a Quintana Roo y al país.
O, como señaló la Fiscalía General del Estado, “por un error de los sicarios”. Vaya error.
Y, que como sucede en estos casos, nadie habría sido detenido.
Pero la pregunta sería ¿y el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Quintana Roo?
Ese Grupo que integran los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Ejecutivo, así como las Fuerzas Armadas, entre otras dependencias de Gobierno.
Que acostumbraba cada lunes dar un “informe” bonito, preparado, de las acciones contra la delincuencia en el estado. Detenciones, golpes al crimen, vinculaciones a proceso. Cientos de casos.
Hoy, ese Grupo de Coordinación continuaría guardando silencio en torno al hecho que conmocionó a una sociedad que cada día vive más acostumbrada a las ejecuciones, robos, asaltos, extorsiones, entre otros delitos, ante la pasividad y permisividad -y algunos dicen que complicidad- de la autoridad local y federal hacia los “malos”.
Y ni se diga de los hoteleros, que como poder fáctico serían valientes para condenar un bloqueo vial de las Madres Buscadoras, pero no para irse a la yugular con este tipo de sucesos.
Mientras tanto, la gobernadora Mara Lezama intentaría apagar el fuego con el anuncio de instalación de cámaras de seguridad en la zona de playas y una exhaustiva investigación sobre el asesinato del menor Santiago, hecho que calificó como “tragedia”.
Por lo pronto, Cancún continuaría en un espiral de violencia sin un final a la vista, sino todo lo contrario, donde los Gobiernos de la 4T seguirían procurando enviar más dinero a programas electoreros u obras faraónicas, en lugar de invertir en la Policía, con más elementos y mejores condiciones.
Al tiempo.
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