
Por Carlos Águila Arreola
Cancún.- Un colectivo de nueve Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y siete reconocidos científicos, liderados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), presentaron una enésima denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir la debida investigación y reparación del daño ambiental en la isla de Holbox.
La autoridad ambiental reaccionó tres semanas después de la denuncia, luego que se exhibió en redes imágenes y videos sobre la depredación de manglar, que se atribuyó al ejidatario Ignacio Cáceres Correa -presentó un presunto permiso para talar del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas- y el empresario Álvaro Cruz.
La denuncia indica que mediante el llamado “Kilómetro de la Impunidad” se extendió la avenida Kuká hasta el río del mismo nombre –“para desarrollar megaproyectos turísticos en Isla Grande”-, mediante la tala de manglar en la ínsula, lo que constituye un delito federal.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron denuncia popular ante la Profepa para que las violaciones a la ley ambiental sean investigadas y los responsables sean sancionados debido a que, de acuerdo con el Programa de Manejo, el área afectada se ubica en la subzona de preservación de manglares de Isla Chica e Isla Grande.
Se trata de actividades “no permitidas: alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de las especies de vida silvestre; alterar o fragmentar el hábitat de anidación o donde existan ecosistemas de manglares, alterar, remover o erradicar pastos marinos y algas nativas; así como abrir brechas o caminos”, entre otras acciones.
El miércoles 17 de marzo pasado una máquina excavadora estaba arrasando con el manglar y rellenando el camino, lo que fue debidamente documentado y exhibido en redes sociales; pese a ello no hubo intervención de la Profepa, sino hasta el séptimo día de la depredación, cuando se llevó a cabo la clausura.
El Kilómetro de la Impunidad “arrasó con manglares de las cuatro especies, con el hábitat de más de 30 especies protegidas por la NOM 059, y proyecta el relleno de humedales en la zona, todo en violación al artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre; los actos constituyen un delito ambiental.
La supervivencia de la isla de Holbox depende de los manglares; su desaparición pondría en riesgo de hundirse a la ínsula. La tala ilegal de manglar en la zona viola también un tratado de importancia internacional conocida como Convenio Ramsar, de la que México es parte.
Las ONG exigieron aplicar la Ley contra los responsables del atropello contra el medio ambiente, y ordenar la reparación del daño debido a que la tala de manglar es un delito penal. No sólo se espera la actuación de la Profepa, sino también la de la Fiscalía General de la República (FGR).
También se espera la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para la conservación del Área de Flora y Fauna Yum Balam para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Las organizaciones firmantes son el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centinelas del Agua; Grupo Tortuguero del Caribe; Pronatura Península de Yucatán y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), unidad Mérida.
También la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos (Femcobi, organización nacional de profesionales en la materia) y los colegios de Biólogos de Quintana Roo (Cobiqroo) y el del estado de Nuevo León.
En cuanto a las firmantes se trata de los investigadores, científicos y doctorados María Esther Nieto Sánchez, Jorge Herrera Silva, Gisela Maldonado Saldaña; Ana Lilia Córdova Lira; Alejandro Bravo Quezada y Melina Soto.

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