Staff El Mirador QR
Ciudad de México.- El magistrado José Luis Vargas Valdez afirmó que la sesión de este miércoles en la que se aprobó su destitución fue “nula e ilícita”, por lo que, indicó, todavía es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“No existe la figura de revocación o destitución por el pleno de la Sala Superior como forma de terminación del encargo. El término de la presidencia sólo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en mi caso culminará en noviembre de 2023″, aseguró Vargas en un video.
El magistrado detalló que “como presidente en funciones” convocará a una sesión privada para este jueves con el objetivo de discutir la propuesta de evaluar su gestión al frente del TEPJF.
Una hora antes, cinco magistrados del tribual aprobaron este miércoles remover a Vargas como presidente del organismo al argumentar diversas irregularidades durante su gestión. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue elegido, por unanimidad, para sustituirlo.
Rodríguez concluirá el periodo de cuatro años para el que había sido sido designado José Luis Vargas, es decir, hasta noviembre de 2023.
La sesión virtual en la que se votó la remoción fue convocada por la magistrada Janine Otálora en su calidad de “presidenta por ministerio de ley”, luego de que Vargas suspendió la reunión que se había convocado a las 13:30 horas de este miércoles.
Los magistrados Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez expusieron en sus argumentos para la destitución de José Luis Vargas una serie de irregularidades durante su presidencia, como el diferir las sesiones de forma unilateral y sin informar al resto de los integrantes del TEPJF.
El pasado 30 de julio, un juez federal determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe reabrir la investigación en contra de Vargas Valdez por el delito de enriquecimiento ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el 19 de julio que presentó una denuncia contra Vargas Valdez, uno de sus familiares y otras cuatro personas morales, a quienes se les vincula con empresas fachada a partir de las cuales se desvió dinero al extranjero.
Con información de Latinus
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