
Por Julio César Solís
Cancún.- Operadores de la plataforma digital de transporte Uber ratificaron ante el Congreso de Quintana Roo la solicitud de juicio político contra tres funcionarios estatales por presuntas violaciones a las legislaciones locales y federales, que promueven un clima de ingobernabilidad, impunidad y un severo al turismo.
Los señalados por los choferes son la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; la directora de Gobierno, Érika Castillo Acosta, y el titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia.
En la representación de la XVII Legislatura en este polo turístico, la comisión de Justicia recibió a los promoventes, quienes expusieron sus quejas tras los diversos ataques recibidos en últimas semanas por parte de taxistas, principalmente de Cancún.
Hugo Alday, presidente de la comisión de Justicia, detalló que con base en el proceso aplica el Artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.
“Acudieron los promoventes del tema de Uber, a ratificar la solicitud de juicio político en contra de tres funcionarios de la administración estatal. Nos reunimos con ellos para explicar el proceso que se seguirá en la comisión de Justicia”, señaló.
El Artículo 14 explica que tres días hábiles después de ratificada la denuncia la comisión de Justicia dictaminará si la conducta atribuida al servidor público se encuentra dentro del término señalado en el Artículo 12 de la mencionada Ley, que detalla que podrá iniciarse el juicio político durante el tiempo que la persona desempeñe su cargo.
Asimismo, si incurren en los Artículos 5 y 6 de dicha Ley en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o que afecten su buen despacho.

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