Advierte hotelería organizada de Cancún que interpondrá amparos contra decreto de libre acceso a playas

Por Carlos Águila Arreola

Cancún.- La hotelería organizada de Cancún, el primer destino turístico de México y América Latina, advirtió que se podría amparar ante el decreto presidencial por el que se establecen multas a personas que impidan el paso a “playas privadas”, señaló Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

En tanto, la iniciativa privada del Cancún, en voz de Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, descartó posibles conflictos por el tema y se pronunció por abrir accesos a los arenales entre los hoteles en caso de ser necesario.

Tras la publicación el miércoles 20 de octubre en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que “se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reiteró su compromiso de trabajar para que los mexicanos puedan disfrutar de sus playas,

“Las playas no son propiedad privada, sino de la nación, independientemente de que como hoteleros pagamos un impuesto por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), pero lo que no es permisible es que si no tienes acceso por tu propiedad debes permitir el paso por tus instalaciones”, precisó.

“Ahí sí estoy totalmente en desacuerdo porque el inmueble es propiedad privada; es lo mismo si tienes tu residencia y para cruzar una calle la gente pasa por la sala de tu casa; primero, es una inseguridad total, luego se presta a situaciones de drogas, de robos, de violencia y adicionalmente el tema de la pandemia.”

El exlíder de los hoteleros cancunenses sentenció que “es inaceptable y ni modo de que vayas a destruir parte de las habitaciones para habilitar un acceso, “pues tampoco”, sostuvo Vara Rivera, quien posee hoteles en la playa y advirtió que “por supuesto que si tengo que ampararme para no llegar al abuso, pues lo voy a hacer”.

El decreto, que reforma la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, prevé que en caso de incumplir la norma se sancione de tres mil a 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA, 86.88 pesos durante 2020), equivalentes de 260 mil 640 a un millón 42 mil 560 pesos.

Al respecto, el presidente del CCE del Caribe dijo que por ley las zonas federales son de libre tránsito; obviamente, cuando hay construcciones antes de la zona federal, como en el caso de los hoteles, que son propiedad privada, no aplica porque no vas a permitir que la gente cruce por el lobby para llegar a la playa.

En cuanto a posibles conflictos, Iván Ferrat estimó que quizá llegue a haber quejas y demandas, pero que se validen es otra cosa porque todo tiene que ser conforme a derecho, legalmente: “Se supone que es propiedad privada; para eso están las playas públicas, a las que se puede acceder por los accesos que hay entre los hoteles”.

El decreto pone fin a la privatización de playas a favor de intereses particulares; las reformas establecen en el tercer párrafo del Artículo 8 de la LGBN, que el acceso “no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento”.

En un segundo párrafo para el Artículo 127 se detalla que si no hay vías públicas, los propietarios de terrenos colindantes con la Zofemat deberán permitir el libre acceso, para lo que la Semarnat tendría que convenir con los propietarios crear uno mediante una compensación en los términos que fije el reglamento.

En caso de que los titulares de concesiones, permisos y autorizaciones reincidan, además de la sanción se revocarán los derechos de acuerdo al artículo 18 de la ley respectiva. La Semarnat dará cumplimiento a las nuevas disposiciones coordinada con autoridades estatales y municipales, y con los propietarios de predios e inmuebles que colindan con la zona implicada.