Increpan a Gustavo Miranda por indemnización de extrabajadora; “Es político y personal”, señala

Por Tony Rivero

Chetumal.- Durante la “mañanera” que se realiza en el Congreso del estado cada lunes, un grupo de sindicalizados increparon al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda García, por la indemnización de una trabajadora recientemente jubilada que padece enfermedad crónico degenerativa.

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que se trata de un movimiento con fines políticos y personales, motivado por la suspensión de onerosas compensaciones.

Confirmó una crisis económica heredada de las pasadas administraciones que encabezaron otros legisladores.

El viernes pasado la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado, Mercedes Hernández Ocejo, dio a conocer el caso de G. A. S., quien se jubiló en agosto de este año y la Dirección Administrativa del parlamento se habría negado a indemnizarla.

La mañana de este lunes, integrantes del gremio se manifestaron en el Poder Legislativo. Ahí Mercedes Hernández Ocejo expuso que la negativa a finiquitar a la extrabajadora llevó a este movimiento.

Eso fue manifestado por la supuesta afectada, en el templete, a petición del presidente de la Jugocopo.

Gustavo Miranda señaló tintes políticos y personales porque la dirigente sindical era de las que, hasta el año pasado de ejercicio Constitucional, percibían compensaciones exorbitantes, y que, al serle suspendida, organizó la manifestación.

Empero, la situación será atendida y solventada, refirió, Gustavo Miranda.

Expuso que a más tardar mañana se informará a la exburócrata respecto a su indemnización.

Aplicación de la Ley deriva en ese tipo de actos, señala Gustavo Miranda

Al retomar “la mañanera”, Miranda García dio a conocer que la aplicación de la Ley deriva en estos actos que consideró desesperados, ya que la suspensión de pagos a “aviadores” y suspensión de elevadas compensaciones ha llevado a denostaciones.

Inclusive, mencionó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que no prosperará, pues es “subjetiva”.

Además, las investigaciones han llevado a comprobar que las descalificaciones en redes sociales son pagadas.

“Solamente el mes pasado se pagaron 74 mil pesos en estos ataques… En lo que va del presente van 20 mil”, denunció.

Insistió que la situación financiera del Poder Legislativo es compleja, y así se recibió la administración en septiembre pasado. Los pasivos son demasiados y están en revisión.

Advirtió que, de confirmarse irregularidades, se procederá conforme a la Ley.