
Por Carlos Águila Arreola
Cancún.- Un total de 52 ciudadanos de 21 pueblos mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo presentaron una denuncia regional ante autoridades ambientales federales exigiendo la cancelación de permisos y hasta la clausura definitiva de instalaciones porcícolas que no cumplan con la legislación ambiental mexicana.
De acuerdo con los presuntos afectados en la península de Yucatán, granjas industriales porcícolas violan su derecho a un medio ambiente sano, la consulta previa, libre, informada y adecuada culturalmente al acceso a la información, poniendo en riesgo la cultura ancestral de las comunidades mayas
El objetivo, señalan, es frenar la situación y, en su caso, obtener la cancelación de permisos y hasta la clausura definitiva de instalaciones que no cumplan con las leyes ambientales mexicanas, por lo que se solicitó el acompañamiento de Indignación, Misioneros-Guardianes de las Semillas, Greenpeace México y Artículo 19.
Los ciudadanos presentaron una denuncia en la Ciudad de México ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por afectaciones a los cenotes en las zonas de influencia de las granjas, con base en el estudio la carne que consume al plantea, elaborado por Greenpeace México.
Lourdes Medina Carrillo, del área jurídica de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, explicó que la denuncia documenta las graves afectaciones al medio ambiente y, sobre todo, a las fuentes de agua de las comunidades y pidió revisa4 las autorizaciones de operación de las granjas industriales porcícolas.
Dijo que no se debe descartar la clausura definitiva porque, además, no hubo la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a los pueblos mayas, en cuyo territorio se construyeron las granjas, y destacó que “esta lucha jurídica forma parte de un conjunto más amplio por lo que enfrentan las comunidades ante el avance de esos megaproyectos”,
De eso es ejemplo la lucha desde hace años de la comunidad de Homún contra la granja de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo, por su acrónimo), aparcería de Kekén, que hasta ahora sólo había recibido de la justicia una suspensión definitiva; empero, se teme que la “justicia” tire el aplazamiento de actividades.
El viernes 6 de noviembre las magistradas del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa de Yucatán podrían levantar la suspensión, permitiendo la operación de esa granja con capacidad para criar hasta 49 mil cerdos, lo que vulneraría seriamente los derechos del pueblo maya.
En realidad, los de los infantes de esa comunidad, quienes presentaron la solicitud de amparo original para defender sus derechos al agua, la salud y en general un medio ambiente sano, a quienes privarían de la oportunidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decida sobre el principio precautorio.
En su oportunidad, Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México, y coautora del estudio para documentar los daños, recordó que está demostrada la contaminación del agua para uso humano debido a las granjas porcícolas, pues 90 por ciento carece de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que forma parte de las demandas de las comunidades.
En este sentido, Articulo 19 México y Centroamérica hizo hincapié en las omisiones al derecho a la información de los pueblos indígenas: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce que es clave y permite el ejercicio de otras garantías; en este caso, ha derivado en falsas consultas antes de autorizar las granjas”.
Eso tiene como consecuencia daños al medio ambiente que hoy son irreparables, sin que a la fecha las comunidades hayan obtenido garantías de justicia, reparación y no repetición. Tampoco hay información ambiental, científica, suficiente, en un lenguaje y formato culturalmente adecuado sobre el proyecto y sus impactos.

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