ONU interpone denuncia contra obra del Tren Maya

Por Carlos Águila Arreola

Cancún.- Un grupo de relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció presuntas violaciones contra personas que habitan en la región por donde pasará el Tren Maya, y plantearon cuestionamientos específicos al Estado mexicano respecto al proyecto, dio a conocer un colectivo liderado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El grupo informó que los relatores manifestaron su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas, y reiteró la petición para suspender la obra al no existir información pública suficiente para evaluar los impactos integrales del proyecto.

El pasado 20 de noviembre se dio a conocer el contenido de la carta enviada al gobierno de México por parte de seis relatores especiales de derechos humanos de la ONU, en la que señalan una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos de los indígenas que habitan en la zona de influencia por donde pasará el ferrocarril.

En la misiva se precisa que la preocupación es extensiva para toda esa población en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: “Nos preocupa, además, la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales (…) por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”.

Al respecto, el colectivo conformado por la International Service for Human Rights, el Consejo Regional y Popular de Xpujil , el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos hizo un atento llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Mediante un comunicado, el colectivo emplazó al tabasqueño a que acate las medidas solicitadas por los relatores de la ONU y, sobre todo, las recomendaciones y que cumpla con sus obligaciones bajo convenios internacionales y estándares de derechos humanos señalados.

“Lo más relevante y urgente es que se suspenda el Tren Maya hasta realizar una evaluación de impacto ambiental y social independiente, obtener el consentimiento de las comunidades afectadas y se cumpla con todos los estándares en derechos humanos y cumplir el marco del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) antes de proseguir con la construcción.”

Opacidad en el proyecto

El colectivo recuerda que la sociedad civil ha señalado en reiteradas ocasiones que el gobierno, particularmente el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promovente del proyecto, ha sido opaco en dar a conocer de forma completa los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto.

Sobre la carta de los relatores señalan que en el proceso de consulta indígena -acompañado en calidad de observador por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos- “habría constatado algunas violaciones al consentimiento previo, libre e informado y expresado su preocupación al respecto”.

Manifiestan preocupación por la “posible militarización”, dado que -según anunció López Obrador- los tramos del ferrocarril que van de Tulum, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, serán construidos por personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“El riesgo de militarización levanta preocupación en cuanto, como ha observado la anterior relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas tras su visita a México en 2017, el uso de los militares para tareas de orden civil en territorios indígenas ha significado mayores violaciones a los derechos humanos”, acotan.

Los relatores de la ONU concluyen, con solicitudes de información al gobierno mexicano, sobre los estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos; acciones para consultas a los pueblos indígenas, medidas con relación a los procesos de adquisición de tierras para la instalación del Tren Maya

Asimismo, una explicación sobre la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas en territorio indígena para la construcción de infraestructura civil, así como las garantías para eliminar las agresiones contra las personas que cuestionan o se oponen al proyecto, entre las principales peticiones del colectivo civil.