Agencia El Mirador QR
Playa del Carmen.- Una madre de familia, amigos y ex compañeros de trabajo realizaron una manifestación en favor de un joven acusado de secuestro agravado y lesiones en agravio de un elemento de la Fiscalía General de la República (FGR), en un bar de la ciudad.
Octaviana Linares Soto acudió al Palacio Municipal para exigir la revisión del expediente de su hijo Israel Jaime, de 27 años de edad, dos de los cuales, los ha pasado preso y con una sentencia de 51 años de cárcel.
Recordó que los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2019 en el bar “Pura Vida”, ubicado en la calle 12 con avenidas 5 y 10 en la zona turística de Playa del Carmen, donde un elemento ‘encubierto’ de la FGR que llegó de la ciudad de México, habría sido privado de la libertad en el baño del lugar y golpeado por unas 15 personas, entre ellas el hoy sentenciado.
La quejosa aclaró que la carpeta de investigación está plagada de irregularidades que no fueron valoradas por el juez para dictar sentencia, sin hacer caso a la apelación y en las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia de ratificación de sentencia, por lo único que sólo le queda recurrir al amparo, pero aseguró que el dinero se le acabó.
La madre manifestó que incluso le sembraron droga, armas y demás objetos para inculparlo, pero en ningún momento fueron presentados esos elementos de juicio, además de que se presentó el dictamen de la Comisión de los Derechos Humanos donde se indicó que el muchacho fue torturado para declararse culpable.
Hay que mencionar, que de acuerdo con información de la FGR a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, los ahora sentenciados fueron detenidos por el secuestro de un elemento de la Policía Federal Ministerial (PFM).
Y en su momento se detalló que a los ahora sentenciados se les aseguró un arma corta y cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, polvo blanco que se encontraba en bolsas, con un peso total de 73 gramos de clorhidrato de cocaína, marihuana, con un peso total de 163 gramos, 31 tabletas del psicotrópicos, dos celulares, una tableta y un sistema de video vigilancia.
Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF) acreditó que cometieron los delitos por los que se presentaron los elementos de prueba ante el juzgador que dictó la sentencia un año después de que ocurrieron los hechos.
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