Congreso de QR omiso para vigilar acuerdos y disposiciones, asegura Observatorio Legislativo

Por Alejandro García

Cancún.- El Congreso del estado ha sido omiso en la vigilancia de sus acuerdos y disposiciones, señalando específicamente que no cumplieron con revisar si se cumplieron los tiempos estipulados la conformación de los Comités, para la constitución de los fideicomisos, para la publicación y transparencia de los recursos y que las decisiones tomadas estén apegadas a los orígenes y objetivos para la incorporación del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) y que no se deriven a otros fines, indicó, mediante un comunicado, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, que encabeza Eduardo Galaviz Ibarra.

El documento que emite el organismo señala que es una necesidad para que se conserve el principio rector de la posición del Congreso como un contrapeso real de la división constitucional de poderes.

Por lo que habrá que solucionar esta Omisión Legislativa Relativa en la siguiente Legislatura y por la vigilancia y dictámenes de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) al revisar la aplicación de estos fondos públicos en los municipios.

El Observatorio detectó que, la determinación por parte del congreso en sus dos últimas legislaturas de incorporar del DSA en las leyes de Hacienda de los Municipios y de Ingresos, ha tenido diferencias en sus ordenamientos y estructuración de su manejo y vigilancia.

Su primera aplicación fue en Playa del Carmen en el año 2017, teniendo como finalidad “la ejecución de obras de saneamiento ambiental dentro del Municipio, tales como conservación y mantenimiento de playas, tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, alumbrado público amigable con el medio ambiente y eliminación de tiraderos de basura a cielo abierto”.

A partir de eso se han sumado 8 municipios y con un escenario presupuestal de ingresos que en conjunto para 2022 representan más de 500 millones de pesos; el menor es Bacalar con 5.6 millones de pesos y los de Playa del Carmen y Cancún con cerca de 200 millones de pesos cada uno.

Para su manejo se ha dispuesto en algunos casos la formación de fideicomisos, situación que se ha cumplido por algunos municipios como: Isla Mujeres, Cancún y Playa del Carmen. En todos ellos por instrucción del Congreso se han conformado de Comités Ciudadanos para la Vigilancia de cumplimiento y aplicación de los recursos, situación que ha ocasionado críticas, pues se señala que en algunos de esos comités no hay transparencia en el manejo de los recursos, en sus decisiones y en los resultados.

Uno de estos es Puerto Morelos, en donde la administración no constituyó ningún fideicomiso, ni ha dado explicación del destino de los recursos, situación adicional a las controvertidas formaciones de las denominadas Asociación de Inversión Público-Privadas, para desarrollar dos proyectos en el municipio que fueron aprobadas por la Legislatura sin evaluar sus alcances de la afectación financiera para el municipio.