La historia del conflicto entre taxistas y Uber, herencia de Carlos Joaquín

Por Julio César Solís

Cancún.- El conflicto entre taxistas y plataformas digitales de transporte como Uber, que ha dejado agresiones de chafiretes a operadores de la plataforma digital o el bloqueo a la zona hotelera de Cancún, es una herencia del “Gobierno del Cambio” que encabezó Carlos Joaquín, el cual cedió a los chantajes de ese gremio para cambiar la Ley de Movilidad en su favor.

Aunque Uber inició operaciones en Quintana Roo en 2016, los taxistas solamente se abocaron a protestar de manera pacífica en ese momento.

Tras varios meses para su elaboración, el 28 de mayo de 2018 la XV Legislatura, de mayoría PAN-PRD, aprobó con 20 votos a favor la creación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Fue publicada días después en el Periódico Oficial del Estado (POE), es decir el 14 de junio.

Originalmente y de acuerdo con el Capítulo Séptimo “Del Servicio de Transporte contratado a través de Plataformas Digitales”, en su Artículo 149, la Ley original únicamente pedía un permiso que debía ser expedido por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo).

Además no consideró a Uber un servicio de transporte público.

Esto, generó molestias entre el sector taxista que inició una campaña de presión en los once municipios, lo que llevó al Gobierno del estado a ceder en sus pretensiones y el 12 de julio de 2018, es decir, a poco menos de un mes de expedirla, la XV Legislatura reformó la Ley de Movilidad.

El cambio al Artículo 149 fue claro y contundente: plataformas digitales de transporte como Uber necesitarían obligatoriamente una concesión para poder prestar su servicio en el estado, luego que su estatus pasó a servicio de transporte público.

Ante ello, Uber inició un proceso legal el 25 de octubre de 2018, que el Juzgado Cuarto de Distrito radicó bajo el número de expediente 1428/2018 y en febrero de 2019 logró el amparo contra la Ley de Movilidad, lo que ocasionó que los taxistas ingresaran recursos legales.

Finalmente, el pasado 11 de enero de este año, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito, con sede en Cancún, le dio la razón a Uber al fallar que “los servicios de movilidad intermediados a través de la aplicación de Uber no son transporte público y por ello no deben ser regulados como tal en el estado de Quintana Roo”.

En respuesta, los sindicatos de taxistas, especialmente de Cancún, comenzaron una serie de agresiones y ataques hacia choferes de Uber en presencia de usuarios y turistas.

Este lunes, los taxistas bloquearon la zona hotelera, generando contratiempos a ciudadanos y un serio problema vial.

Hasta el momento, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo no ha emitido una postura sobre si realizará las modificaciones a la Ley de Movilidad cuyo Artículo 149 exige concesiones a Uber al catalogarlo como servicio de transporte público, lo que fue contradicho por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito.