| EN LA MIRA | Ley de Seguridad Ciudadana: ¿Será la panacea para devolverle la paz a Quintana Roo?

Por José Pinto Casarrubias

Cancún.- Recientemente el Gobierno de Quintana Roo que encabeza Mara Lezama Espinosa, entregó al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana, la cual busca que la Policía Estatal tenga mayores facultades, incluyendo las de inteligencia e investigación y que en teoría, coadyuvaría con la Fiscalía General del Estado (FGE) y aunque aún existen muchas dudas sobre “el grupo” que se cargaría de llevar a cabo este nuevo modelo policial, lo que se ha dicho es que la intención es atender los factores que generan inseguridad, alineado con las políticas en materia de seguridad, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en medio de la violencia que se vive a lo largo y ancho de México, pero en particular de Quintana Roo -que aglutina a varios destinos turísticos preferidos por los turistas nacionales y extranjeros- es urgente una estrategia real y eficaz para reducir considerablemente esta violencia generada por la delincuencia organizada, que rebasó a las autoridades desde hace casi dos décadas, cuando las pugnas de los diferentes grupos generadores de violencia se hizo evidente, específicamente en noviembre del 2004, con la ejecución de una docena de personas, incluyendo a elementos activos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que aparecieron sin vida cerca de la central de abastos de Cancún y que prosiguió con el desmantelamiento de la entonces delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR), la detención del delegado, subdelegado, agentes federales, estatales y municipales por sus presuntos nexos con grupos criminales.

Se recrudeció la violencia

Pasaron los años, pero la presencia de la delincuencia organizada siguió en ascenso, ante la falta de capacidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno, que “permitieron” su consolidación en toda la entidad.

En 2007 se registró una cifra récord de ejecuciones en Cancún y durante esa década, integrantes del crimen organizado ultimaron a policías y jefes policiacos municipales, estatales y federales, incluyendo al subdelegado de procedimientos penales de la extinta PGR -Sam Rodríguez Rodríguez- o el caso del coronel Wilfrido Flores Saucedo, pero no fue hasta que fue asesinado el general de brigada retirado, diplomado del Estado Mayor, Mauro Enrique Tello Quiñónez, asesor externo en materia de Seguridad Pública de Cancún, que las autoridades federales confirmaron que los focos rojos del crimen organizado, estaban más que encendidos en el principal destino turístico de América Latina.

Sin embargo, la violencia no sólo no cesó, sino que año con año se agudizó y no únicamente en Cancún con el descarado atentado contra la FGE, sino en prácticamente toda la entidad, pese al discurso recurrente de que la violencia y la ola de ejecuciones obedece a pugnas entre células criminales, pero que ya ha dejado severos daños colaterales que incluye la muerte de ciudadanos y hasta turistas, específicamente en Tulum.

Unir fuerzas

Ante todo esto y regresando a la actualidad en materia de seguridad, las autoridades destacaron que esta iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana, forma parte de una estrategia integral en la que gobierno de Quintana Roo y la sociedad en general, unirán fuerzas para que este modelo de seguridad sea eficaz a mediano plazo. La iniciativa contempla la creación de la Policía de Investigación e Inteligencia; también considera la creación de nuevas figuras como policías de proximidad en funciones de prevención, con justicia cívica a favor de la comunidad.

Se incluyen órganos de participación de la sociedad, como el Comité de Seguridad Ciudadana Municipal, que sería un órgano de consulta, análisis y participación en materia de cultura cívica, seguridad ciudadana, procuración de justicia, atención a víctimas del delito, reinserción y reintegración social y familiar.

De acuerdo con los representantes del Observatorio Ciudadano, el modelo contemplado en la iniciativa, podría ser adecuado, aunque advierten que implicaría que deben desarrollarse programas de capacitación, elaboración de nuevos reglamentos y protocolos, mismos que ocuparán tiempo y presupuestos para que el proyecto funcione correctamente.

El organismo, que preside Eduardo Galaviz Ibarra, consideró que la iniciativa plantea un nuevo modelo de trabajo no sólo de las corporaciones policiales, “es una hoja de ruta a seguir para enfrentar la violencia cotidiana e intentar reconstruir el tejido social, para lo cual se requiere la participación de toda la estructura del poder público y de la comunidad”. 

Por lo que se requiere de un plan y programas más amplios y específicos, que consideren además de la seguridad ciudadana y de una cultura de paz, acciones de gobierno y políticas públicas que orienten la educación, la atención de la salud -especialmente la mental- a una nueva forma de convivencia ciudadana. 

“Podemos decir que el nuevo modelo es adecuado para armonizarlo con el modelo nacional y se espera que funcione en el mediano y largo plazo; sin embargo para la violencia y delitos de alto impacto se requerirá de otras acciones más directas, con decisión y coordinación con las fuerzas del orden federal”.

Por su parte, previo a la aprobación de la nueva Ley, integrantes del Congreso de Quintana Roo ya se reunieron con otros diputados y dialogaron con personal de la Consejería Jurídica para aclarar sus inquietudes.

Veremos entonces, si esta iniciativa será la panacea que resuelva o al menos aminore el tema de inseguridad y violencia, que lamentablemente ha afectado la imagen de Quintana Roo ante los ojos del mundo y que desde luego, todos deseamos que funcione para que la entidad siga brillando por sus enormes bondades y que finalmente regrese la paz que todos anhelamos.