Que en últimos días diversos representantes de cargos de elección popular han intensificado el mañoso uso político de la concesión de la empresa Aguakan, con la excesiva -y falsa- propaganda de rescisión en lo inmediato, con el único y claro objetivo de ver quién demuestra “hacer más” antes del 2 de junio de 2024.
Si no, habría que preguntarle a la senadora de Morena, Marybel Villegas, quien tras la realización de la consulta popular que ella impulsó con “todas sus fuerzas”, dejó el asunto de lado, sin darle el seguimiento correspondiente y bajo el argumento de que está en el campo de Ayuntamientos y Gobierno del estado.
Ni la comisión creada en el Congreso local, ni una reforma a la Ley de Municipios, ni mucho menos acusar“gatopardismo” en redes sociales, ayudará para que la compañía mejore su servicio -si es que existen deficiencias- o sea echada de los cuatro municipios donde opera.
Sí, porque opera en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos, no sólo en las tres demarcaciones donde la Consulta Popular resultó vinculante de acuerdo con el Ieqroo.
Lo que hay que dejar en claro es que ni aunque demuestren que Aguakan incumplió el contrato, éste sería cancelado antes del 2 de junio de 2024.
Imposible.
Un juicio implica no meses sino años.
Basta con consultar la cantidad de juicios administrativos y civiles que Aguakan tiene en su contra desde hace mucho tiempo.
En este tema aplicaría la famosa expresión popular “taparle el ojo al macho”, pues pese a los expedientes abiertos sobre el tema, ninguno, pero ninguno de los promotores de rescindir el contrato a Aguakan ha dicho “pío”.
Al tiempo.
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