Que la consulta popular Aguakan no habría sido más que eso, una consulta popular. Sin ton ni son, ni mucho menos con consecuencias legales. Pero que sí costó su realización.
Sería la clara muestra del “gatopardismo” político.
Y, nuevamente, a un año de la próxima elección, algunos buscarían usar esa bandera electoral.
Burdamente.
Este 5 de junio, se cumple un año de que se promovió la pregunta sobre la permanencia de Aguakan en Quintana Roo.
La cual impulsó, con toooodas sus fuerzas, la senadora de Morena, Marybel Villegas.
“Campaña” que no le sirvió para alcanzar ni candidaturas a la presidencia municipal de Cancún ni la gubernatura de Quintana Roo.
Pero eso es tema aparte.
La realidad es que, hoy, que explotó ese caso hasta al final, la legisladora federal no tendría mayor interés en si Aguakan trabaja o no en los cuatro municipios donde tiene el contrato de concesión.
Eso está en cancha de las autoridades municipales y el Gobierno del estado a través de la CAPA, dijo en su momento; “el pueblo ya juzgó”, reiteró.
El problema es que la consulta popular no tiene efectos legales ni mucho menos es un mandato.
Si no, ya estaría fuera. Pero no es así.
Y “sacar” a Aguakan no se lograría solo porque así lo dicen los políticos.
Ni tampoco sería gratis. Costaría. Y quien diga lo contrario simplemente NO conoce el contrato de concesión y sus bases.
Se requerirían decenas de pruebas en juicios administrativos y civiles, en procesos de años, para poder tener avances.
Lo demás son mentiras y falacias. Simples declaraciones electoreras.
La realidad es que a un año de la consulta popular Aguakan ¿y?
¿Y qué?
Al tiempo.
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