Congreso de Quintana Roo mintió a la ciudadanía con la cancelación del contrato a Aguakan: PRD

Redacción/El Mirador QR

Chetumal.- La derogación del Decreto 250, que anula la prórroga de la concesión de la empresa Aguakan en 4 municipios de Quintana Roo, es una “cortina de humo” de la 4T, con fines político-electorales y que busca desviar la atención de asuntos importantes como la privatización para la emisión de licencias de conducir o la ampliación del mandato de Heyden Cebada como presidente del Tribunal de Justicia del Estado, afirmó Leobardo Rojas López, presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD. 

Pero además, dijo el perredista, provocará una seria incertidumbre en la inversión privada en el estado, porque cualquier empresario quedaría expuesto a la eliminación de los acuerdos por asuntos político-electorales del Congreso. 

El pasado viernes, la XVII Legislatura, con mayoría de diputados locales de Morena, Partido Verde y PT, determinó “abolir” el Decreto 250 que extiende la terminación del título de contrato de concesión de Aguakan hasta diciembre de 2053 y, en cambio, con su decisión, carente del análisis pertinente, únicamente permitirá a la compañía interponer las acciones jurídicas para continuar prestando el servicio.

El contrato original tenía como fecha de vencimiento este domingo 31 de diciembre.

“No es más que una ‘cortina de humo’ que lo único que evidencia es la ignorancia del Congreso de la 4T, pero también su servilismo para desviar la atención del intento de ampliar el mandato de 6 a 15 años de Heyden Cebada como presidente del Tribunal de Justicia de Quintana Roo o la concesión de la expedición de licencias de conducir que pretende realizar el Imoveqroo, sin contar la reestructuración de la deuda por 19 mil millones de pesos que contrató el gobierno estatal morenista”, enfatizó.

Leobardo Rojas López señaló que al existir una firma de convenio desde 2014 con el gobierno del estado a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para dicha ampliación, la vía correcta es el proceso legal para la cancelación de la concesión por medio de las cláusulas incumplidas por Aguakan en la prestación del servicio en Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Esto, utilizando los medios legales con los que cuentan la propia CAPA y los ayuntamientos en cuestión, que sin embargo, no han movido un dedo en el tema pese a las claras faltas por parte de Aguakan.  

“La meta de la 4T es pregonar que cumplió con ‘sacar’ a Aguakan con la conclusión original de su contrato que expiraba originalmente este 31 de diciembre y que esa empresa logre ganar en tribunales los amparos que le permitirán continuar operando con normalidad, porque al final, como dice su líder Andrés Manuel López Obrador, ‘el Poder Judicial está entregado a intereses de particulares’. Esa es su forma político-electoral de lavarse las manos y hacer todo rápido, mal, sin estudios técnicos y financieros o un análisis profundo”, acotó.           

“A ello se suma la grave incertidumbre jurídica que ocasionarán en la inversión privada para Quintana Roo, ya que por cualquier capricho podrían derogarse acuerdos que implicarán pérdidas millonarias y miles de empleos”, agregó. 

Con información del PRD