Que el Congreso de Quintana Roo demostró que será un aliado incondicional e inmediato de la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador.
Y, también, alineado a los compromisos de la 4T, sean cuales sean.
Muestra de ello es que fue el tercer Congreso estatal del país -después de Oaxaca y Tabasco- en dar luz verde a la iniciativa.
El parlamento de mayoría 4T avaló ipso facto la reforma judicial como parte del proceso constitucional.
Ni tarde ni perezoso.
Dicen los que saben que en la XVIII Legislatura no existió diálogo ni mucho menos análisis sobre el documento.
El discurso habría sido el mismo que a nivel nacional. Así de simple.
Morena y aliados plancharon sin problema con sus 21 votos la aprobación.
La oposición mantuvo su postura -aunque de poco sirviera- votando contra la propuesta.
Esta sería la dinámica de la nueva Legislatura: aprobar sin revisar.
Lo que pondría también en duda qué tanto podrá resolver los rezagos que dejó la XVII Legislatura.
Por lo pronto habría que ver qué otros asuntos la XVIII Legislatura avala fast track y a puerta cerrada, como en los mejores tiempos del borgismo o el joaquinismo.
Porque habría que comentar que la labor del Legislativo es precisamente trabajar en las Leyes, pero si esto se realiza bajo consigna no solo están lejos de ser “héroes” como quisieron hacerlo ver con la reforma judicial, sino que no llevarían a cabo su trabajo como protestaron hacer cumplir.
Al tiempo.
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