Gestionaron ilícitamente por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio de 1,055 mdp: Gobierno del estado informa que existen órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan

Por Julio César Solís

Cancún.- Tras el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, Mara Lezama, para retirar la concesión de Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, Aguakan, el Gobierno del estado informó este miércoles por la tarde que existen órdenes de aprehensión en contra de directivos de la empresa por gestionar ilícitamente dicho permiso por una prórroga de 30 años a cambio de 1,055 millones de pesos.

Esto, tras una rueda de prensa que encabezó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres.

La administración estatal precisó que el 16 de mayo de 2024 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que la concesión que fue otorgada en los años 90 fue prorrogada ilícitamente en 2014 hasta el 2053 y además de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos fue ampliada a Playa del Carmen.

Señaló que tras el análisis e integración de la carpeta de investigación, el Juez federal competente determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de promoción de conductas ilícitas toda vez que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera ilegal por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio del pago de 1,055 millones de pesos.

“Toda vez que el Gobierno del estado no tenía facultades para obligarse a gestionar una prórroga y ampliación de una concesión en esa materia, lo cual corresponde única y exclusivamente a los municipios y al Congreso del estado. Que como resultado de la gestión ilícita con posterioridad y sin seguir los procedimientos de Ley, continuaron con esta ilegalidad generando ganancias multimillonarias para dicha empresa sin que se vean reflejadas con la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía”, explicó.

Y añadió “derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público, un Juez federal libró órdenes de aprehensión al encontrar elementos suficientes, por los delitos de operaciones con recursos de de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos en contra de directivos de Aguakan”.

El Gobierno de Quintana Roo rechazó la existencia de un encuentro entre autoridades y directivos de Aguakan para acoso o acuerdo alguno tal y como señaló un medio de comunicación de circulación nacional.

“Por otro lado, de forma facciosa y parcial, se ha difundido un encuentro entre representantes de DHC y representantes del Gobierno del estado. La reunión se celebró a petición de la propia DHC y el Gobierno del estado accedió a ésta, teniendo como premisa fundamental el argumento de una posible afectación al público inversionista de las Afores. Dicha reunión se efectuó estando presentes abogados del estado y asesores jurídicos de los Ayuntamientos, encabezados por el director general de CAPA”, afirmó.

Y atajó “las acciones que el Gobierno del estado ha emprendido en ningún momento han implicado acoso ni acuerdo alguno. Lo que nos llevó a dicha reunión fue la salvaguarda de parte del estado de las inversiones de las Afores y de los derechos laborales de las y los trabajadores. En el único momento que se habló de montos, fue para determinar el valor de las inversiones en activos y garantizar los derechos de las y los trabajadores”.

Aseguró que Aguakan ofreció que el estado adquiriera la empresa, “a lo que categóricamente se les dijo que no, que la concesión debía terminar”.

El Gobierno estatal subrayó que después de muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual, operadas por la concesionaria DHC Aguakan, el resultado arrojó afectaciones sanitarias y ambientales muy graves.

“Se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos”, indicó.

Y agregó “por lo que hace a las aguas residuales se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, al contener E-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, los que, en esas condiciones, una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectados al manto freático, generan un daño irreversible al medio ambiente”.

Expuso que el hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social.

“El patrimonio de las y los quintanarroenses no se vende”, enfatizó.