
Redacción/El Mirador QR
Quito.- A un año y catorce días de ocurrido el crimen, un tribunal de justicia sentenció a 11 militares como autores directos y recibieron una pena de 34 años de prisión, por el delito de desaparición forzada de los cuatro niños del barrio Las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil. El 31 de diciembre de año pasado ellos fueron encontrados muertos, mutilados, incinerados, a 30 kilómetros del sitio de su detención por los integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
La patrulla estaba integrada por 16 miembros de esa rama de las fuerzas armadas. Cinco de ellos se declararon colaboradores eficaces con la fiscalía y recibieron una condena de 33 meses de prisión. Por su parte, el jefe de la patrulla, el teniente coronel, Juan Francisco Iglesias, no fue hallado culpable del delito de desaparición forzada, a pesar de estar al tanto de lo ocurrido ese día.
El Tribunal Cuarto de Garantías Penales de la provincia de Guayas señaló que los acusados actuaron como una “empresa criminal” al omitir su deber de entregar a los menores a la policía. En su lugar, los trasladaron a una zona desolada para abandonarlos en condiciones de absoluta vulnerabilidad.
Sin embargo, este tribunal no conoció la causa penal por asesinato, que se encuentra en su fase de indagación en la capital ecuatoriana. Tras este fallo se continuará con esa investigación para saber si fueron los mismos militares quienes asesinaron a los cuatro menores de edad o fueron objeto del crimen por algún grupo criminal, como al principio declararon los ahora sentenciados.
Los cuatro niños: Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, fueron apresados por la patrulla militar luego de que retornaban a sus casas tras un partido de fútbol en una de las zonas más pobres de Guayaquil, alrededor de las ocho de la noche, de ese fatídico 8 de diciembre.
Sus padres denunciaron la desaparición sin que los militares involucrados respondieran a esa demanda. Solo ocho días después, a través de un video del cuerpo de seguridad del municipio de Guayaquil, se constató la detención y posterior desaparición.
De hecho, las más altas autoridades militares y policiales del Ecuador, en los primeros días de la denuncia deslindaron responsabilidad directa, pero también sugirieron que se trataría de delincuentes detenidos o ajusticiados por las bandas criminales.
Medidas de reparación integral
El tribunal que sentenció a los militares, en su resolución judicial estableció varias medidas de reparación para los familiares de las víctimas, como indemnización económica: cada sentenciado deberá pagar 10 mil dólares a cada una de las familias de las víctimas.
A esto se suma una reparación simbólica, para que la FAE y el Ministerio de Defensa realicen una ceremonia de desagravio en la base aérea de Taura (lugar donde supuestamente fueron abandonados los niños) y colocar una placa con los nombres de las víctimas en la puerta principal.
Con información de La Jornada

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