
Que la iniciativa de decreto para adicionar diversas disposiciones al Código Civil de Quintana Roo en materia de propia imagen, estaría generando opiniones divididas.
Algunos señalan que, por la ambigüedad del texto, buscaría censurar a los medios de comunicación.
Otros, que pretendería proteger a particulares de un mal uso de su imagen sin consentimiento expreso, ya que con la presunta ausencia normativa evitar a una persona agraviada reclamar el cese de actos lesivos o la reparación del daño moral correspondiente.
Lo cierto sería que el documento sería confuso y dejaría abierta la posibilidad de acciones legales incluso contra periodistas, reporteros y comunicadores.
Dicen los que saben que la propuesta de los diputados Hugo Alday (PT), María José Osorio (Verde) y Ricardo Velazco (Morena), no tendría el aval de la 22 de enero.
Y, explican, tampoco de la mayoría de la 4T.
La iniciativa plantea incorporar nuevo Capítulo IV Bis dentro del Título Primero del Libro Primero del Código Civil del Estado.
Es, en síntesis, la adición de los Artículos 551 BIS, 551 TER, 551 QUATER, 551 QUINQUIES, 551 SEXTIES y 551 SEPTIES, así como modificación al Artículo 671.
¿Cuáles serían las metas según sus impulsores? Reconocer la imagen como atributo de la personalidad; Proteger el derecho a decidir; Prever l a responsabilidad civil; Establecer excepciones legítimas; Reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, y Ampliar la tutela al ámbito digital.
El asunto, comentan los conocedores, es que la propuesta castigaría la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso.
También, la imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público.
El asunto y la confusión en ese aspecto es que los funcionarios públicos, políticos o personajes de interés público, podrían quejarse si les toman imágenes, por ejemplo, en un café, en un restaurante o sitios que si bien están abiertos a cualquier persona constituirían un ente privado.
Porque la propuesta no aborda esa parte, solo resaltaría que las imágenes sean captadas en eventos y lugares públicos.
Ahí podría existir espacio para la censura a medios de comunicación.
Por lo pronto, la iniciativa que podría no pasar de un “debate” mediático, tendría varios puntos para perfeccionar, mejorar y aclarar.
Y, además, debería contar con opiniones de expertos y de los propios periodistas, reporteros y comunicadores.
Al tiempo.








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