Discutirán hoy Plan ‘B’ entre integrantes de las Comisiones; perfila revocación de mandato para 2027 o 2028

Redacción/El Mirador QR

Ciudad de México.- Sin cambios en lo referente a la revocación de mandato, esta madrugada circuló el proyecto de dictamen del Plan “B” de la presidenta, Claudia Sheinbaum, entre los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que esta mañana están citados ya, para discutirlo y votarlo.

Se mantiene en el Artículo 35 Constitucional que el proceso de revocación de mandato se realizará en el 2027 o 2028, pero se precisa que será “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio” de la persona titular del poder ejecutivo federal. Es decir, podrá realizarse conjuntamente con la elección intermedia del 2027 y en el documento se precisa que ello permitirá “disminuir el costo de la operación y organización del proceso”, así como el agotamiento de la ciudadanía”.

Aunque las comisiones dictaminadoras propusieron una redacción alterna al párrafo de ese Artículo en que establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la Ley de la materia”, las instancias jurídicas de la presidencia de la república no lo aceptaron y queda en sus términos.

“Quizá uno de los aspectos más complejos del procedimiento de revocación radican que su promoción y difusión como instrumento democrático han sido prácticamente nulas. Los ciudadanos deben estar plenamente informados sobre el procedimiento”, justifican.

Los únicos cambios hechos por las comisiones dictaminadoras que presiden Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza a la iniciativa presidencial en materia electoral fueron al Artículo 115, para establecer que los Ayuntamientos podrán tener hasta 15 regidurías. Se eliminó el límite mínimo que era de siete, dado que en muchos estados la cantidad es menor y en lugar de ahorros y austeridad, implicaría mayor gasto público.

“Se propone una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a una persona síndica, y un máximo de 15 personas regidoras por municipio, evitando que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad de renta pública o por beneficios personales y que responda en cambio a un genuino criterio de representación democrática”.