
Que existiría confusión ciudadana por el -no aprobado- aumento a las tarifas del pasaje del transporte público urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en Quintana Roo.
Pero, más aún, sobre qué autoridad realmente tiene mano en el asunto.
Y la respuesta sería, en teoría y conforme la Ley, sencilla: los Ayuntamientos.
Con base en el párrafo segundo del Artículo 94 de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, “(…) las tarifas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros de autobuses urbanos, estas serán establecidas, revisadas y modificadas por los Ayuntamientos, según corresponda”.
Aunque el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) estaría metiéndose en el asunto a través de operativos, la realidad es que por Ley éste únicamente sería competencia de los municipios.
Es decir, los operativos de tarifas deben realizarlos las autoridades municipales.
De hecho, la fracción VI del Artículo 38 de la Ley de Movilidad impone como facultad de los Ayuntamientos “regular, aplicar y resolver todo lo relativo a las concesiones, tarifas, inspección y vigilancia y sanciones, en el ámbito de sus competencias, para la prestación servicio de transporte público urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida”.
Mientras esto sucede, lo que sería un hecho es que en zona urbana el costo ascenderá a 15 pesos y, en el caso de la zona hotelera de Cancún a 17 pesos, precios que los usuarios tendrían que pagar sí o sí para trasladarse a sus centros de trabajo u hogares.
Esto entraría en vigor este viernes.
Porque de desmentidos en redes sociales no habría forma de evitar que los choferes cobren esas tarifas “avaladas” por sus respectivas empresas y sindicatos.
Y de denunciar, como señalan, habría que imaginarse cuántas quejas llegarían al día y quién las atendería.
Al tiempo.

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