Riu no se rinde y afirma que hotel Riviera Cancún cuenta con permisos vigentes

Por Carlos Águila Arreola

Cancún.- La cadena española Riu no se rinde y respondió la notificación de un nuevo amparo que admitió el Juzgado Cuarto de Distrito, que volvió a “frenar” la construcción del hotel Riviera Cancún, a lo que el abogado Gerardo Solís Barreto, que mantiene un litigio contra la edificación, acusó de cínica a la empresa y de corrupto a Juan Manuel Torres Burgos, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

Según Marc Miralles Pons, responsable de Comunicación de Riu en México, el proyecto Riu Riviera Cancun cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) vigente hasta 2022 y el amparo es un nuevo intento de la competencia (Promotora Punta Nizuc y/o sus administradores) para suspender el proyecto.

Apuntó que se reclama que la vigencia de la MIA está vencida, sin tomar en cuenta que la última modificación de mayo pasado (oficio SGPA/DGIRA/DG/00761) está vigente hasta mayo de 2022, expedida por la DGIRA, de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Riu Hotels and Resorts aportará ante el juez todas las pruebas conducentes que niegan semejante falsedad (que la MIA ella no está vigente) y así desenmascarar una vez más el actuar ilegal de la competencia para entorpecer las obras del proyecto en Punta Nizuc”, concluye el documento.

Al respecto, Solís Barreto acusó que “son unos cínicos (porque) tanto la evaluación de impacto como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales fue impugnado en juicio contencioso administrativo ante la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el vecino del lote.

“La sala resolvió en contra, pero se fue al amparo directo y hoy está pendiente de resolución en un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México lo relacionado con la existencia de duna costera en el predio, que fue la razón por la que la Semarnat negó la autorización en marzo de 2015, así como algo relativo a la densidad neta”.

El jurista aseguró que la licencia de construcción no se ha modificado, por lo que la autoridad municipal debería cambiarla, y deja ver que en la Semarnat “hay corrupción, especialmente porque el director general de la DGIRA, quien firma las resoluciones, tiene obligación de velar por los recursos naturales de México”.

Explicó que lo que están haciendo respecto a la densidad del inmueble es “una transa descarada” porque de manera fraudulenta están otorgando al proyecto de Riu una densidad mayor cuando el inmueble debería tener como máximo 120 habitaciones, y con un juego de números de densidad bruta y neta aumenta el valor del célebre de 100 a más de 500 millones de dólares, estimó el jurista.

“Además, no pueden construir sobre la duna costera y lo están haciendo”, sostuvo, y agregó que “no es posible que la Semarnat no vea tanta corrupción detrás de ese proyecto miserable y ecocida. Tu servidor, con otras personas, solicitó al presidente de la república que se promoviera el juicio de lesividad contra esa autorización”.

“Pero la Semarnat nos negó la petición, pero confío que la titular de la dependencia (María Luisa Albores González) revoque esa decisión porque presentamos el recurso de revisión”, indicó para asegurar que ese tipo de empresarios (ecocidas) estarían en la cárcel en cualquier otra parte del mundo por el daño ecológico.

Comentó que no hay que ser ningún especialista para darse cuenta del “brutal daño” en el lugar, parte de un área de soporte de dos áreas naturales protegidas, y si bien no está dentro tiene un papel fundamental para proteger ese ecosistema tan frágil: Manglares de Nichupté y el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc.