Por Carlos Águila Arreola
Cancún.- Ante la intención del Gobierno de Lázaro Cárdenas de invalidar el decreto de creación y programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam para abrir la zona al turismo no sostenible, la sociedad civil presentó un escrito legal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con argumentos internacionales, de derechos humanos y justicia climática para defender al humedal de las intenciones del alcalde José Nivardo Mena Villanueva, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una opinión Amicus curiae (amigo de la corte), presentación de terceros interesados.
Ambas organizaciones ambientalistas unen esfuerzos para defender al Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam de las pretensiones del gobierno municipal lázarocardense de abrir la zona a desarrollos turísticos no sostenibles.
La administración de Mena Villanueva presentó a la Corte una controversia constitucional contra el decreto de creación y del programa de manejo del área protegida para invalidar ambos instrumentos y, según lo ha manifestado públicamente, dar vía libre a la urbanización y al desarrollo turístico.
Esa pretensión vulnera el interés público porque los ecosistemas de Yum Balam podrían verse degradados por proyectos de turismo masivo, dragado en laguna de Yalahau o bahía de Conil, plantas desalinizadoras o de tratamiento de aguas, deforestación y por la huella de carbono de miles de visitantes potenciales.
El sitio alberga ecosistemas como selva, sabana, cenotes, lagunas, manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos, y es hábitat de innumerables especies de fauna como tortugas caguama y carey, cocodrilos, flamenco y mono araña entre muchas otras.
En el escrito, el Cemda y la AIDA solicitan, entre otras cosas, mantener la protección de Yum Balam, que se resuelva la no modificación del polígono del área protegida y que no se permitan obras de turismo masivo -sobre todo en la llamada Isla Grande- que alteren sus características ecológicas.
Yum Balam, humedal bajo la Convención Ramsar, tiene seis mil 495 hectáreas de manglares y 24 mil 461 de pastos marinos, ecosistemas que almacenan 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las emisiones de 9.4 millones de personas al año por el uso de hidrocarburos.
“La Corte debe actuar conforme a las obligaciones internacionales de México, entre ellas reducir las emisiones causantes de la crisis climática. La conservación, su biodiversidad y servicios ambientales es fundamental para asegurar un ambiente sano para las futuras generaciones”, dijo Camilo Thompson, abogado de la AIDA.
En el escrito se evidencia que el desarrollo turístico masivo en Yum Balam podría causar, además, el uso irracional de humedales costeros y desequilibrio ambiental, entre otros daños irreversibles, y que cambios de uso de suelo como los propuestos incrementarían también la demanda inmobiliaria y poblacional (residente y estacional), excediendo la capacidad de carga y resiliencia del área.
“Dar vía libre a la pretensión del municipio sería una decisión regresiva, contraria al interés colectivo y una violación directa del derecho humano al ambiente sano. El turismo masivo en Yum Balam implicaría privilegiar el interés de algunos propietarios privados y/o ejidales”, señaló por su parte Francisco Xavier Martínez Esponda, director operativo del Cemda.
La administración y regulación del área protegida corresponde exclusivamente a la federación y, por tanto, sólo puede ser modificada en su extensión y, en su caso, en los usos de suelo permitidos por el propio gobierno federal y nunca por uno municipal, concluye la misiva del Cemda y la AIDA.
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