Por Carlos Águila Arreola
Cancún.- La aprobación legislativa para que Quintana Roo se endeude para las próximas tres décadas con la construcción del puente Nichupté causó escepticismo, enojo y apoyo entre diferentes protagonistas del acontecer político y empresarial de Cancún.
El sábado, el Congreso de Quintana Roo aprobó que el Puente Vehicular Nichupté (PVN) se construya bajo la figura de Asociación Público-Privada (APP) con un modelo que, en los hechos, implica para el estado contraer deuda pública estableciendo un plazo, fuente de pago y destino del recurso que compromete las participaciones federales hasta 2049; es decir, durante los próximos 28 años.
Hernán Cordero Galindo, ex presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que cada año, durante los últimos 22 -lo que tiene viviendo en Cancún- escucha la misma historia “y la misma farsa, así que hasta no ver, no creer”, parafraseó el popular refrán.
“Y menos ahora que hay mucho menos presupuesto y todo el recurso federal lo están encaminando al populismo y a comprar votos, así es que sigo dudando muchísimo de que sea un hecho; ahora bien, la comunicación es lo más importante y es lo que menos tenemos, así como el transporte”, señaló.
El empresario comentó que si se logra el proyecto será de la infraestructura más importante no sólo para una ciudad turística como Cancún, que de cualquier forma carece de otras cosas más en materia de transporte y comunicación, pero con todas las condicionantes que pueda tener es una obra muy necesaria.
El senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Pech Várguez, señaló el sábado que “por no darle seguimiento a las acciones gubernamentales, hoy somos uno de los estados con el mayor endeudamiento per cápita y que no tiene capacidad para realizar grandes obras de infraestructura”.
Añadió que aunque el proyecto del PVN es innecesario, “creo que debe analizarse con cuidado la forma en que pretende financiarse porque compromete las aportaciones económicas federales al gobierno de Quintana Roo por los próximos 28 años”.
El proyecto tendrá un costo superior a cuatro mil 600 millones de pesos, de los que el gobierno federal aportará dos mil a fondo perdido; en consecuencia, hacen faltan dos mil 600 millones. El proyecto se financiará bajo el esquema de una asociación público privada para construir, dar mantenimiento y operar la obra.
Pech Várguez preguntó mediante un comunicado si ¿no sería mejor que el gobierno estatal se endeudara con el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) por los dos mil 600 millones y construyera y operara el puente y de ese forma no sólo se obtendría un patrimonio estatal, sino también una fuente de ingresos futura?
En tanto, María Taydé Favila Soriano, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), capítulo Cancún, consideró que “se trata de una gran decisión porque si de algo adolece Cancún es de infraestructura, y el puente crearía más empleos pata enfrentar la crisis que actualmente vive el país”.
La exlideresa inmobiliaria manifestó su agradó por el manejo de inversión privada por la política federal de austeridad y presupuestos más “delgados” para las entidades federativas, lo que obliga a organizarse de una u otra forma a la entidad parta poder sacar la economía y generen mayor capacidad de solución de problemas.
“Definitivamente, los bulevares Luis Donaldo Colosio y el Kukulcán, durante las épocas de temporada alta se llenan y se vuelve un caos andar circulando por ellos; además, la concesión de 28 años que se están dando para pagarlo es muy buena, pero lo más importante es que las licitaciones y el manejo de recursos sean muy transparentes, y habría que revisar muy bien las cuestiones ambientales”, apuntó.
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