14 junio, 2024

Aprueba CJF que defensores públicos asistan a mujeres perseguidas por abortar

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó que defensores públicos asistan a mujeres perseguidas por abortar (Fotografía: Staff)

Staff El Mirador QR

Ciudad de México.- Los defensores públicos federales podrán brindar asesoría, representación y defensa a mujeres y personas gestantes que hayan sido sujetas a procedimiento por el delito de aborto.

Lo anterior fue ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar  inconstitucional la penalización del aborto.

Como lo anunció el miércoles en conferencia de prensa, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte, propuso al Pleno del CJF que los defensores del IFDP representen a las mujeres y personas gestantes que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto, particularmente a las personas más vulnerables y marginadas del país.

Con estas nuevas atribuciones, el IFDP también podrá asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidio.

Estas acciones forman parte de la agenda de género que ha impulsado Zaldívar Lelo de Larrea en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para lograr una auténtica igualdad entre mujeres y hombres, pero también para representar a las personas marginadas del país a través de una defensa pública adecuada, accesible, incluyente y de calidad.

Las personas que requieran asesoría comunicarse a DEFENSATEL 800 22 42 426

Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier parte del país y de forma gratuita.

Además, DEFENSATEL también está disponible para todas las personas que requieran servicios de orientación sobre defensa penal y asesoría jurídica mediante una sola llamada.

La Defensoría Pública cuenta hasta hoy con representaciones en los 32 estados de la República, a través de más de mi defensoras y defensores públicos así como asesoras y asesores jurídicos. De esta manera se asegura una representación jurídica gratuita de calidad para todas las personas, especialmente para las más necesitadas.

Con información de López-Dóriga Digital