Por Julio César Solís
Cancún.- Este martes 9 de noviembre (9N) se cumple un año de la represión policiaca hacia feministas en Cancún. 365 días envueltos en la impunidad.
Ningún mando o elemento de las secretarías Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT) y de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo se encuentra tras las rejas por lo ocurrido.
E, incluso, el extitular de la SSP y creador del Mando Único (MU), Jesús Alberto Capella Ibarra, fue absuelto del caso pese a ser el jefe máximo de la corporación.
Es decir, por quien debió pasar la información sobre blindar el Palacio Municipal de Cancún y, posteriormente, del plan que la Policía activaría contra los manifestantes.
Básicamente porque la dependencia estaba adscrita al MU, implementado por Capella Ibarra.
Contexto
Bianca Alejandrina “Alexis”, de 20 años de edad, salió de su casa el sábado 7 de noviembre de 2020, para vender un vape a una persona identificada únicamente como “Badal”.
No regresó.
Durante la noche del domingo 8 de noviembre un pepenador descubrió dos bolsas negras para basura en la calle Monte Pandera del fraccionamiento Vista Real en la Región 252 de Cancún.
Eran los restos de “Alexis”. Brutalmente cortados y con un mensaje al costado.
Hoy, a un año, no existe información sobre con quién o quiénes tuvo contacto la infortunada joven antes de ser asesinada.
9N, la protesta reprimida
Al día siguiente, el 9N/2020, colectivos feministas salieron a las calles de Cancún para pedir #JusticiaParaAlexis y exigir resolver los feminicidios en Quintana Roo.
Tras un parada en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la avenida Xcaret de esta ciudad, las manifestantes recorrieron dicha arteria hasta llegar al Kilómetro 0 de la zona hotelera.
Y, después, el derrotero se desplazó al Palacio Municipal, en la súper manzana 5.
Ahí comenzó todo.
Antimotines de la Policía Quintana Roo (PQR) con base en Cancún esperaban a las mujeres en un edificio del Ayuntamiento que lució blindado con vallas y maderas.
Las feministas protestaron airadamente frente a los uniformados y, éstos, bajo la instrucción de un alto mando, dispararon al aire y contra los manifestantes.
Hubo detonaciones con bala y goma.
Todo se salió de control. El saldo oficial fue de siete heridos, entre activistas y periodistas.
Tanto la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama como el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, se deslindaron del suceso.
Lo mismo Alberto Capella.
Esto significó que no hubo responsable de alto nivel.
Al día siguiente de la represión, el Gobierno de Cancún destituyó a Eduardo Santa María como titular de la SMSPyT.
11 imputados… en libertad
La FGE imputó a once elementos de la PQR adscritos a Cancún, y un juez de Control determinó prisión preventiva oficiosa contra 10 de ellos, incluido Eduardo Santa María.
El agente número once únicamente fue consignado para firmar cada 15 días al ser acusado de encubrimiento y no de abuso de poder.
Sin embargo, ninguno de los 10 policías vinculados se encuentra en la cárcel.
Una muestra de la impunidad por los hechos del 9N.
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