
Por Julio César Solís
Cancún.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, junto con 21 mandatarios estatales más de Morena, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revierta la suspensión contra el Plan “B” electoral.
Y es que el pasado 24 de marzo, la SCJN a través del ministro Javier Laynez, dictó la suspensión de todos los Artículos que el INE impugnó del Plan “B”.
Este martes, 22 gobernadores de Morena, incluida Mara Lezama, así como el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, aseguraron que las reformas tiene como objetivo reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.
“La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la Ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales. Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legitima depositada en el Poder Legislativo”, señaló la misiva.

El documento resaltó que las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE. “Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”, precisó.
Y agregó “es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”.
Por ello, solicitaron que la SCJN revierta la decisión del ministro Javier Laynez. “Debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”.
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