Que no sería una sorpresa, en lo absoluto, que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), que dirige el cuestionado Rodrigo Alcázar, pudiera tener la autoridad para concesionar la expedición de licencias de conducir.
Pero además, contaría con la facultad de entregar permisos a escuelas de manejo y, también, reduciría el porcentaje de apoyo ciudadano en multas.
Todo con el aval del Congreso del estado, a través de una propuesta única y contundente de Morena para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad.
De entrada, en este caso, todo mal.
Porque la emisión de licencias y permisos para conducir era no solo una atribución de los Ayuntamientos, sino que de igual forma era una de las pocas fuentes de ingresos propios a las arcas municipales.
Pero, la 22 de enero y la XVII Legislatura de la 4T, pensaron diferente y aprobaron darle ese poder al Imoveqroo y Rodrigo Alcázar.
No conforme con ello, pareciera que el plan maestro siempre fue concesionar ese servicio público.
Porque, en principio, Rodrigo Alcázar sabía que el Imoveqroo no podía cumplir con la infraestructura necesaria para expedir licencias de los once municipios, que implica no solo los plásticos sino pruebas de manejo y más elementos para la dependencia, entre otros.
Por eso “recurrió” a acuerdos para que Ayuntamientos “pongan” la infraestructura ya existente y el Imoveqroo solo otorgaría las micas, bajo previo cobro, claro está.
Sin embargo, ni eso haría.
El servicio de expedición de licencias de conducir podría, seguramente, ser concesionado a un particular.
Con la amplia experiencia negativa que ello conlleva para los ciudadanos de la entidad. Ejemplos sobran.
Por lo pronto el Congreso de Quintana Roo podría darle esa facultad y, abrir posiblemente, la puerta al negocio en una dependencia tan cuestionada y señalada de corrupción como Imoveqroo.
Al tiempo.
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