
Que durante el jueves la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo avaló la reforma Constitucional en materia Judicial, que permitirá la elección extraordinaria de jueces y magistrados locales este año.
Lo que también llevaría a un ajuste forzoso del Presupuesto de Egresos (PE) 2025, que por cierto, no habría sido, increíblemente, tomado en cuenta dentro del dictamen.
Dicha reforma estaría alineada con la aprobada a nivel nacional.
De acuerdo con la exposición de motivos dentro de la iniciativa presentada por la gobernadora, Mara Lezama, el objetivo de la propuesta es “eliminar la corrupción y el influyentismo en el sistema de justicia”.
Aunque no prevé cambio alguno, por ejemplo, en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, pues su periodo está en proceso todavía.
La iniciativa propone que sea la ciudadanía quien elija a las personas juzgadoras, “procurando que dichas autoridades sean responsables de manera frontal ante la sociedad”.
Con ello “democratizar” la elección de jueces y magistrados mediante sufragio universal; eliminar privilegios asociados al Poder Judicial, como el haber de retiro, y crear un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de Administración Judicial, ambos con independencia técnica y de gestión.

Aunque podría haber aspectos positivos como la participación ciudadana, control de la corrupción, fortalecimiento institucional o paridad de género, quedarían abiertas puertas a posibles controversias.
Dicen los que saben que la viabilidad de la elección popular plantearía desafíos como el riesgo de politización del sistema judicial y la posible influencia de intereses externos en las campañas.
Igualmente, el impacto en la independencia judicial, pues habría postulación directa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que
podría generar injerencias que comprometan la autonomía del Poder Judicial.
Y aunque se buscaría fortalecer la disciplina y administración, eliminar el Consejo y sustituirlo por otros órganos podría generar vacíos administrativos durante el proceso de transición.
Pero, aún más preocupante sería la duración de los cargos con periodos de 7 a 14 años, lo que dificultaría la renovación constante y la evaluación de desempeño en el corto plazo.
Por lo pronto, Quintana Roo estaría sumándose a la “ola” de elección de jueces y magistrados por medio del pueblo.
Pero todavía no estaría claro cuánto se invertirá y costará ese proceso, algo que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) deberá determinar pronto.
Al tiempo.
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